Baltasar Garzón

Baltasar Garzón
Para otros usos de este término, véase Garzón.
Baltasar Garzón
Baltasar Garzón

31 de julio de 1993 – 13 de mayo de 1994

6 de junio de 1993 – 9 de mayo de 1994

Datos personales
Nacimiento 26 de octubre de 1955 (56 años)
Torres (Jaén), Bandera de España España
Cónyuge Rosario Molina
Hijos 3
Profesión Juez
Alma máter Universidad de Sevilla

Baltasar Garzón Real (Torres, 26 de octubre de 1955) es un magistrado español, asesor del Tribunal Penal Internacional de La Haya.

Fue elegido diputado en las listas del PSOE en 1993 y al constituirse el ejecutivo, fue nombrado delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas, con rango de secretario de Estado.[1] En mayo de 1994 abandonó ambos cargos. Es Doctor Honoris Causa por la Universidad de Jaén,[2] [3] la Universidad Central de Chile [2] y por veinte universidades más.[4]

Fue suspendido cautelarmente en sus funciones como juez de la Audiencia Nacional por el Consejo General del Poder Judicial el 14 de mayo de 2010, después de que el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela acordara la apertura de juicio oral contra Garzón por presunta prevaricación por la decisión de declararse competente para investigar los crímenes de la represión franquista desde su juzgado de la Audiencia Nacional.[5] El juicio se abrió tras admitir a trámite una querella presentada por la organización de ultraderecha Falange Española de las JONS y por la también sindicada frecuentemente como ultraderechista[6] Manos Limpias. Está imputado en tres causas abiertas en el tribunal Supremo.[7] [8]

Contenido

Biografía

Después de terminar el Bachillerato en el Instituto de Baeza en 1974, se licenció en Derecho por la Universidad de Sevilla en 1979. Antes de terminar sus estudios, desempeñó distintos trabajos como albañil, camarero, y ayudó a su padre en una gasolinera.

Aprobó las oposiciones para juez en 1981. Su primer destino fue Valverde del Camino (Huelva). Posteriormente, fue trasladado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Villacarrillo (Jaén). En 1983 ascendió a magistrado, siendo destinado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de Almería. En 1987 se le nombró inspector delegado para Andalucía del Consejo General del Poder Judicial, y en 1988 tomó posesión como magistrado del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional. También ha sido profesor de Derecho Penal en la Universidad Complutense de Madrid.

Baltasar Garzón está casado y es padre de tres hijos.

Trayectoria judicial

Operaciones contra el narcotráfico

Baltasar Garzón ha dirigido importantes operaciones contra el tráfico de drogas, especialmente en Galicia, con la operación «Nécora» (1990), con la que desarticuló la organización liderada por Laureano Oubiña,[9] y con la operación «Pitón» (1991), con la detención de los integrantes del llamado «clan de los Charlines», que «faenaban» en las costas gallegas.[10]

En relación con la operación «Nécora», durante una conferencia en 1994, el magistrado declaró que, a pesar de lo que se manifestaba desde algunos foros, con la legislación vigente en ese momento no se podía luchar eficazmente contra las organizaciones criminales, particularmente contra las redes de narcotraficantes, y se posicionó en una postura crítica hacia el Gobierno y las instituciones, afirmando que en estos aspectos el sistema fallaba "estrepitosamente". Poco antes, en otros medios y en relación al mismo caso, el entonces presidente del Gobierno, Felipe González, había declarado que hubiera preferido una sentencia "más dura", y que la intención del ejecutivo a este respecto era "romper el espinazo" a las redes del narcotráfico.[11]

El tribunal sentenciador de la operación «Nécora», no pudo tener en cuenta como prueba los pinchazos telefónicos realizados durante el periodo de instrucción, pues no los consideraron ajustados a derecho. Al análisis de las deficiencias legales de dichas escuchas se dedicaron cuarenta folios de la sentencia.[12]

Caso GAL

Tras su paso por la política en las listas electorales del PSOE, volvió a la Audiencia Nacional, donde sus investigaciones contra el llamado terrorismo de Estado contribuyeron también a denunciar las acciones de José Barrionuevo Peña, Ministro de Interior del PSOE, con relación a los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), la llamada "guerra sucia" contra el terrorismo. Éste fue uno de los factores que llevó a la derrota del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en las elecciones de 1996.[13]

Respecto al Caso Marey (primero de los del GAL), Rafael Vera presentó el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dictó sentencia el 6 de enero de 2010.[14] En dicha sentencia se afirma que "la imparcialidad del juez de instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional Española podría estar en entredicho" por las "relaciones personales conflictivas" y la "enemistad manifiesta" entre el demandante y el Magistrado (Garzón)". Dicho Tribunal no condenó a España, pues otro Juez, esta vez D. Eduardo Moner del Tribunal Supremo, llevó a cabo una nueva instrucción.[15] [16]

Investigaciones a ETA y su entorno

Garzón ha investigado también a la organización terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA) y lo que se considera su entorno:[17]

  • En 1998 ordenó el registro de varias sedes de la Coordinadora de Alfabetización y Euskaldunización de Adultos (AEK) y el arresto de su tesorero.
  • En julio de ese año ordenó el cese de actividades de Orain SA, empresa vasca de comunicación que gestionaba el diario Egin y su estación radiofónica de este último, Egin Irratia. Acabada la instrucción de Garzón, el cierre fue levantado por la Audiencia Nacional, pero Orain SA quedó en bancarrota.
  • Posteriormente ordenó el cese de actividades de Zabaltzen y el cierre de Egunkaria, el único diario que se editaba íntegramente en lengua vasca.

Estos hechos han sido duramente criticados por los movimientos de defensa del euskera, que consideran que el cierre de periódicos atenta más contra la cultura vasca que contra el terrorismo de ETA.[cita requerida]

Casos relevantes internacionalmente

Causa contra Augusto Pinochet y las dictaduras en Chile y en Argentina

Garzón cobró fama internacional por promover una orden de arresto contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet por la muerte y tortura de ciudadanos españoles durante su mandato, y por crímenes contra la Humanidad, basándose en el informe de la Comisión chilena de la verdad (1990-1991) y en el caso Caravana de la Muerte instruido en Chile por el juez Juan Guzmán Tapia.[17] Garzón ha manifestado reiteradamente su deseo de investigar también al ex secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger en relación con la instauración de las dictaduras de la década de 1970 en América Latina en lo que se llamó la Operación Cóndor. Garzón no ha sido el único magistrado no estadounidense que ha intentado investigar el papel de Kissinger en el golpe de estado pinochetista, destacando en esta tarea la magistrada francesa Sophie Hélène Chateau.

Garzón asimismo abrió la posibilidad de que se levantaran en España cargos de genocidio contra funcionarios argentinos por la desaparición de ciudadanos españoles durante la dictadura argentina de 1976-1983. En ese marco, el 19 de abril de 2005, la Audiencia Nacional condenó al represor Adolfo Scilingo a 640 años de prisión.[20]

Otros casos relevantes internacionalmente

En abril de 2001, solicitó al Consejo de Europa desaforar al entonces primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, miembro de la asamblea parlamentaria del Consejo.

En diciembre de 2001, Garzón puso en marcha una investigación de las cuentas en el extranjero del segundo banco más grande de España, BBVA, por supuestos delitos de lavado de dinero. En enero de 2003, el magistrado criticó acremente al gobierno de Estados Unidos por la detención de sospechosos de Al Qaeda en la bahía de Guantánamo, Cuba. También hizo una campaña intensa contra la guerra de Irak de 2003, y ordenó el arresto de Osama bin Laden, jefe de la red terrorista Al Qaeda.

Causa contra los crímenes del franquismo

Véase también: Anexo:Imputados en el auto de 16 de octubre de 2008 del Juzgado Central de Instrucción nº 005 de la Audiencia Nacional

Instrucción del caso

Desde septiembre de 2008 Garzón estuvo recabando información del Gobierno, la Conferencia Episcopal y varios ayuntamientos con el fin de elaborar un censo de fusilados, desaparecidos y enterrados en fosas comunes a partir de la victoria franquista en la Guerra Civil Española. El 16 de octubre del 2008, Garzón emite el primer auto declarándose competente y justificando su intención de investigar las desapariciones registradas durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura de Francisco Franco, e instruyó la apertura de 19 fosas comunes diseminadas en todo el país, entre ellas en la que se supone se encuentra enterrado el poeta Federico García Lorca.

La decisión de declararse competente contó con la oposición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que interpuso recurso de apelación ante el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia (no ante el propio Juez, sino al organismo superior). El 18 de noviembre de 2008 el juez se inhibió a favor de los juzgados territoriales donde se encuentran las respectivas fosas. Posteriormente el 28 de noviembre de 2008 el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, declaró la incompetencia de Garzón en este caso por catorce votos contra tres.[21]

Querella acumulada de Manos Limpias, Falange y la Asociación Igualdad e Identidad ante el Supremo

Admisión a trámite de la querella

El 26 de mayo de 2009, el Tribunal Supremo admitió a trámite una querella contra Baltasar Garzón por prevaricación al declararse competente en la investigación de los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo, presentada como acusación popular por las organizaciones de ultraderecha Manos Limpias —presidida por Miguel Bernad Remón, ex dirigente del partido de extrema derecha Fuerza Nueva— y Falange Española de las JONS, esta última supuestamente implicada directamente por Garzón en los crímenes que se pretenden estudiar.[22] Desde 1997, Manos Limpias había planteado diecisiete querellas, denuncias y quejas contra Garzón, todas ellas desestimadas.[23] [24] [25] La decisión del Supremo fue adoptada, en contra del criterio de la fiscalía, por el presidente de la Sala Penal, Juan Saavedra, y los magistrados Adolfo Prego, Joaquín Jiménez, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo.[26]

El Tribunal Supremo, mediante auto del magistrado instructor Luciano Varela de 7 de abril de 2010, estimó que procedía continuar el procedimiento por el delito de prevaricación contra Garzón, siendo recurrido dicho auto por el magistrado.[27] [28] [29] [30]

La magistrada de la Audiencia Nacional Clara Bayarri que, junto a sus compañeros José Ricardo de Prada y Ramón Sáez, reconoció la competencia de Garzón al instruir el procedimiento por los crímenes del franquismo, publicó en un artículo en el diario El País el 22 de abril de 2010:[31]

«En uso de este derecho, formulamos, otros compañeros y yo, un voto particular [...] por la firme convicción de que la Audiencia Nacional es la competente para la investigación de los delitos de lesa humanidad y genocidio que la sistemática y masiva eliminación de adversarios políticos que se verificó en nuestro país tras la Guerra Civil constituye. Soy, sí, una discrepante. No estimo por ello que mis compañeros de tribunal sean unos ignorantes o unos prevaricadores: sencillamente, interpretan la ley de modo diferente al mío. Soy una discrepante, sí, pero no soy por ello una grosera ignorante de la legalidad ni una prevaricadora»

El 23 de abril de 2010, el magistrado instructor Varela decidió expulsar del proceso contra Garzón a Falange Española y de las JONS,[32] al no atender dicha formación dentro del plazo establecido al requerimiento que el mismo Varela ponía un día antes, en el cual les instaba a que corrigiera el escrito de acusación presentado, al considerar que incumplía "de manera notoria" a las obligaciones procesales, al extenderse en múltiples "valoraciones" y no limitarse a la "descripción" de hechos.[32] [33]

El día 24 de abril, Garzón presentó ante el Tribunal Supremo un recurso de recusación contra el magistrado instructor Luciano Varela, acusándole de tener "interés directo en el procedimiento y parcialidad en el mismo" y de haber realizado "una labor más próxima a una asesoría o consejo jurídico" al haber concedido un plazo, a los querellantes para corregir una serie de defectos de sus escritos de acusación, hecho que definió como "dar oportunidades atípicas y extraprocesales" a una de las partes. En opinión de Garzón, "la intervención del instructor no se encuentra amparada en ningún precepto de la normativa procesal vigente y es manifiestamente ajena a las normas esenciales del procedimiento".[34] El 3 de mayo, la Fiscalía del Tribunal Supremo presentó un escrito de rechazo a la recusación de Luciano Varela por parte de Garzón, donde expresaba que era «absolutamente inviable por carecer de fundamentación y justificación alguna», y que, por esta razón, interesaba «la desestimación del incidente de recusación planteado».[35] El día 6 de mayo de 2010 el Magistrado instructor de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Andrés Martínez Arrieta, dictó un auto donde no admitía a trámite el recurso de recusación planteado por Garzón.[36]

Reacciones
Manifestantes en Madrid apoyando a Baltasar Garzón el 24 de abril de 2010.

Miles de personas participaron el 24 de abril de 2010 en las concentraciones y manifestaciones convocadas en toda España para denunciar la "impunidad" del franquismo y apoyar al juez Baltasar Garzón, convocadas por plataformas de reconocimiento a la Memoria Histórica.[37]

El acto más multitudinario tuvo lugar en Madrid, donde los organizadores reconocieron que la asistencia a la marcha que transcurrió entre la puerta de Alcalá y la del Sol superó "con creces" sus expectativas más optimistas (calculaban unos 100.000 asistentes). El acto concluyó con la lectura de un manifiesto por parte del cineasta Pedro Almodóvar, la escritora Almudena Grandes y el poeta Marcos Ana, que pasó 23 años en las cárceles franquistas. En el texto, al que siguió un minuto de silencio por todas las víctimas del franquismo, se lamentaban "las consecuencias de un proceso que, en democracia, ensucia" la memoria de las víctimas del franquismo, "desprecia el dolor de sus hijos, de sus nietos y condena las aspiraciones de justicia de cientos de miles de familias españolas".[37]

Mientras, en Barcelona fueron más de cuatro mil personas que llenaron la plaza de Sant Jaume. La concentración convocada en Sevilla contó con la presencia de la madre y las hermanas de Garzón, natural de Jaén, donde también unas trescientas personas participaron en un acto de apoyo al juez que se repitieron en localidades como Zaragoza, Murcia, Cáceres, Valladolid, León, Palma de Mallorca, Las Palmas, Santander, Valencia o Gijón, entre otras.[37]

Los actos de apoyo a Garzón contaron con la presencia de numerosos políticos de los partidos de izquierda -como Cayo Lara y Gaspar Llamazares (IU), Pedro Zerolo (PSOE) o Joan Herrera (ICV)-, mientras que fueron duramente criticados por el PP, cuyo presidente, Mariano Rajoy, los calificó de campaña "brutal y antidemocrática" contra el Tribunal Supremo.[37]

En la misma tarde, el representante de la organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) Reed Brody denunció el "doble rasero" de la Justicia española, que investigó dictaduras como las de Chile y Argentina pero ha encausado a un juez por hacer lo mismo con el franquismo.[37]

Por otra parte, entre las personalidades que han entendido que algunas actuaciones de Garzón son merecedoras de imputación se encuentra Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ex presidente de la Junta de Extremadura, que ha acusado a Garzón de prevaricación tanto en los casos que tiene abiertos en el Tribunal Supremo,[38] como sobre todo por la condena a Rafael Vera, que fue estudiada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo,[38] [39] si bien se desdijo posteriormente sobre su valoración sobre Garzón en relación con los crímenes del franquismo.[39]

Mientras tanto más de un centenar de antifascistas reconocidos latinoamericanos vinculados con organizaciones independentistas del País Vasco, firmaron un documento en el que rechazaban el franquismo, pero no apoyaban a Garzón, al que acusaban de perseguir a los vascos, catalanes, gallegos y al gobierno de Venezuela.[40]

Suspensión cautelar en sus funciones como magistrado

Decisión del Consejo General del Poder Judicial

El pleno extraordinario del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió el 14 de mayo de 2010, por unanimidad, suspender cautelarmente en sus funciones a Baltasar Garzón, después de que el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela acordara el 12 de mayo la apertura de juicio oral por la investigación de los crímenes del franquismo.[5]

La suspensión estará vigente al menos hasta que el Tribunal Supremo, en el que Garzón tiene abiertas contra él otras dos causas, decida sobre la culpabilidad o la inocencia del juez, a quien se acusa de prevaricación. Al mismo tiempo, Carlos Dívar, Presidente del Consejo, convocó una reunión de urgencia de la Comisión Permanente del CGPJ para estudiar la solicitud de una comisión de servicios especiales presentada por Garzón para trasladarse al Tribunal Penal Internacional de La Haya como asesor de la Fiscalía.[5]

Reacciones

La organización pro derechos humanos Human Rights Watch lamentó la suspensión cautelar del juez Baltasar Garzón:[41]

Ahora, la justicia misma se ha convertido en una víctima en España. El juez Garzón ha luchado por hacer justicia para las víctimas de graves atrocidades cometidas en el extranjero y ahora está siendo castigado por intentar hacer lo mismo en su propio país... Los verdaderos crímenes aquí son las desapariciones forzadas y los asesinatos, no el intento del juez Garzón de investigarlos

El presidente de la Asociación Nacional para la Recuperación de la Memoria Histórica, aseguró que la suspensión "motivo de mucha tristeza", en especial por el "ensañamiento" del magistrado Luciano Varela. La Federación Estatal de Foros por la Memoria, calificó la suspensión como el resultado del "bajo perfil democrático del Estado español. Esto muestra que cualquiera que hable o se meta o investigue el franquismo será perseguido".[42] [43]

Antes de abandonar la Audiencia Nacional el mismo día 14 de mayo, varios jueces, magistrados y fiscales de la Audiencia Nacional pasaron a mostrar su solidaridad con el magistrado: los magistrados José Ricardo de Prada, Clara Bayarri, los jueces Santiago Pedraz y Fernando Andreu, y los fiscales Vicente González Mota, especializado en terrorismo, Daniel Campo, Ana Noé y María Dolores Delgado.[44]

José Antonio Martín Pallín, magistrado del Tribunal Supremo, declaró que estaba muy triste y muy preocupado por el crédito democrático de España:[43]

La suspensión de Garzón es la crónica de una ignominia anunciada. El juicio oral a Garzón va a ser un espectáculo internacional bochornoso. Lo más clamoroso de este proceso ha sido el absoluto desprecio a los dictámenes del Ministerio Fiscal y el cerrarse de una forma tan irracional al derecho internacional que rige en España.

Por su parte, Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal Anticorrupción señaló:[43]

Este es un golpe similar al del 23-F. 35 años después de la muerte del dictador, la extrema derecha ha conquistado una victoria que ha sido posible por un Tribunal Supremo sensible a esa persecución y un Consejo General del Poder Judicial cómplice.

Las principales asociaciones españolas de jueces, Asociación Profesional de la Magistratura y Jueces para la Democracia, valoraron la decisión de suspender cautelarmente al juez Garzón como "la única" que se podía tomar de acuerdo con lo que marca la ley.[45]

En los medios de comunicación más destacados de Estados Unidos y Europa que trataron la noticia, el New York Times, bajo el título del editorial, Una injusticia en España, señalaba el 15 de mayo que "a Garzón debería permitírsele regresar cuanto antes a su trabajo. España necesita una explicación honesta sobre su turbulento pasado, no la persecución de aquellos que tienen el coraje para demandarla".[46] Por su parte, el británico The Guardian, calificaba la separación de la judicatura como una "persecución por motivos políticos".[47] El también británico, Times, señalaba a Garzón como "el juez de las cruzadas"[48] y el diario francés Le Figaro, lo calificaba de "superjuez", afirmando que en medios políticos y judiciales españoles se señalaba que, apartando a Garzón de la Audiencia Nacional, "se le acabarían todos los problemas".[49]

Tiempo después la fundación José Saramago propondría a Baltasar Garzón para Premio Nobel de la Paz, "por estar involucrado en la defensa de los derechos humanos y por no haber bajado la cabeza ante ninguna artimaña, ni ningún poder, por haber seguido adelante y por haberse puesto en cualquier continente y país de parte de las víctimas".[50]

El 7 de julio de 2011 es eligido miembro del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y los Tratos Inhumanos o Degradantes.[51]

Caso Gürtel

Artículo principal: Caso Gürtel

La Audiencia Nacional, por orden del juez Garzón, abrió una investigación por una supuesta trama de corrupción que operaba en Madrid, Valencia y la Costa del Sol. A los implicados se les acusa de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias. La trama se denomina Gürtel ("cinturón" en alemán, mientras que gurt significa "correa") por el apellido de Francisco Correa, principal sospechoso de encabezar la red. Actualmente hay 71 imputados relacionados con el Partido Popular.

Tras las peticiones de la Fiscalía y el Partido Popular, y los indicios hallados contra aforados (diputados, senadores y otros altos cargos políticos que no pueden ser juzgados por la Audiencia Nacional), el juez Garzón se inhibe del caso y cede la investigación de la presunta trama a los tribunales superiores de Valencia y Madrid, dejando un caso con 43 imputados vinculados al Partido Popular, aunque antes de hacerlo ordenó, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, las escuchas a las conversaciones entre los imputados y sus abogados, que fueron anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y posteriormente motivaron la presentación de una querella ante el Supremo por supuesta prevaricación y vulneración de la intimidad.[52] El Partido Popular —que había tratado infructuosamente de recusar a Garzón como instructor del caso alegando "enemistad manifiesta contra el partido" e "interés directo e indirecto",[53] luego se querelló por prevaricación contra él, siendo dicha querella desestimada— expresó en un comunicado que celebraba que la querella contra Garzón por las escuchas se admitiese a trámite.[54]

Querella por presunta prevaricación por escuchas ilegales en el Caso Gürtel

El 25 de febrero de 2010, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de España admitió a trámite la querella presentada por el abogado Ignacio Peláez, defensor del empresario José Luis Ulibarri, presidente del grupo Begar y propietario de Televisión Castilla y León, implicado por las escuchas del caso Gürtel.[55] La querella está motivada en el hecho de que Garzón ordenara grabar las conversaciones de los presos encausados por dicha trama con sus abogados, por lo que entiende que el juez habría podido incurrir en prevaricación y vulneración de la intimidad. Estas escuchas ya fueron anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al considerar que dicha intervención vulneraba "el derecho de defensa y el derecho a no declarar contra sí mismos y a no confesarse culpables, así como el derecho a un proceso público con todas las garantías".[52] El magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro, en su Auto de 19/10/2010[56] afirma que Garzón ordenó las escuchas interpretando la ley "de forma errónea" y, sin motivación alguna, ante la "mera posibilidad" de que los letrados actuaran de "enlaces" de la trama de corrupción con el exterior y pese a no tener contra los abogados sospechas ciertas. Esta actuación "conducía, sin apenas escapatoria alguna, a la irremediable laminación del derecho de defensa" y con ello, Garzón "transmutó el ejercicio de este derecho fundamental en un instrumento idóneo para la autoincriminación de los imputados internos en prisión, desarbolando o desactivando cualquier estrategia defensiva que pudieran poner en práctica los letrados".[57]

Querella por supuesta prevaricación en favor del Banco de Santander

El Tribunal Supremo de España mantiene abierta una querella, impulsada por los letrados José Luis Mazón y Antonio Panea,[55] contra Baltasar Garzón en relación con los cursos organizados por el Centro Rey Juan Carlos de la Universidad de Nueva York que el juez impartió entre 2005 y 2006, cuando se encontraba en la ciudad estadounidense disfrutando de un permiso de estudios. Según los querellantes, Garzón se habría beneficiado del dinero que el Banco Santander aportó para financiar los cursos. Al regresar de Estados Unidos y reincorporarse a sus labores profesionales, una de las querellas de las que se hizo cargo acusaba a varios directivos del Banco Santander de apropiación indebida de la sociedad SCI Gestión. En un auto del 27 de noviembre de 2006, el juez decidió archivar la causa, previo informe favorable del fiscal, y posterior confirmación de la Sala Penal de la Audiencia.[58] La supuesta relación entre estos hechos fueron la base de la acusación para presentar una querella contra Garzón por presuntos delitos de prevaricación y cohecho.[55] [59] [60]

Tanto el Banco Santander como la Universidad de Nueva York niegan que el banco efectuase ningún pago a Garzón, sino que fue esta universidad, a través del Centro Rey Juan Carlos, la que pagó a Garzón por su participación en los cursos. Este hecho fue confirmado por Garzón durante su declaración como imputado ante el Tribunal Supremo el 15 de abril de 2010, donde explicó que durante 2005 y 2006 cobró aproximadamente 160.000 euros de dicha entidad dependiente de la Universidad de Nueva York, y no del Banco Santander, del que afirmó no haber percibido "ni un centavo". También contestó a las preguntas de los abogados querellantes al respecto de sus retribuciones dinerarias aclarando que viajó a Nueva York "sin saber entonces cuáles serían finalmente sus honorarios".[61] [62] Asimismo, expresó que el lenguaje cercano y el cometido de la carta[63] que el juez remitió a Botín —en la cual la acusación estimó que Garzón le habría pedido dinero para la financiación de los cursos— fue "mal interpretada" y que nunca se dirigió al Santander "para pedir fondos".[61] Junto a su declaración, el magistrado imputado aportó otras cartas enviadas a diferentes personalidades —como José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy, Rodrigo Rato o Esperanza Aguirre— en las que se despide con "un abrazo" o "un gran abrazo", así como otras a Felipe González y a Alberto Ruiz-Gallardón en las que habría usado un lenguaje similar.[64]

El 9 de septiembre de 2010 el Magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena ha ordenado a la Guardia Civil que investigue las cuentas, depósitos bancarios, declaraciones tributarias y las participaciones que pudiera tener en cualquier entidad, para conocer con exactitud que importe cobró de la Universidad de Nueva York, durante su excedencia remunerada como Magistrado Juez de la Audiencia Nacional (Años 2005 y 2006), ante la imposibilidad de conocer dicho importe, por las "inexactitudes y contradicciones" de Garzón y la «continua desatención y evasivas» de dicha Universidad.[65] El instructor afirma que existen indicios de que el Sr. Garzón "impartió las instrucciones precisas [a sus contactos en la UNY] para silenciar toda mención" a retribuciones en especie.[66]

Otros casos en España

Investigó a Jesús Gil, antiguo alcalde de Marbella y dueño del Club Atlético de Madrid, por corrupción.

En 2009, por solicitud del fiscal anticorrupción, Luis Pastor, ordenó el ingreso en prisión de dos ex altos cargos de la Generalidad de Cataluña durante el gobierno de Jordi Pujol —Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, de Convergència i Unió—, del alcalde socialista de Santa Coloma de Gramanet, Bartomeu Muñoz, del ex diputado del PSC Luis García, y el concejal de Urbanismo de Santa Coloma, Manuel Dobarco, tras tomarles declaración en la Audiencia Nacional de Madrid, en relación con la Operación Pretoria contra la corrupción urbanística en Cataluña. En dicha operación se investigaba el fraude de 44.754.000 euros por parte de los ayuntamientos de Santa Coloma de Gramanet, Badalona y San Andrés de Llavaneras.[67] Además aparecen como imputados, el empresario madrileño Manuel Carrillo, y los empresarios catalanes Josep Singla, y Lluís Casamitjana.[68] [69]

En relación con sus investigaciones al entorno de ETA, Pepe Rei —antiguo redactor jefe del diario vasco de ideología abertzale Egin, y director de la desaparecida revista mensual Ardi Beltza—, y que fue procesado por el propio Garzón por su supuesta relación con ETA, publicó en 1999 el libro Garzón. La otra cara. En éste, Rei le acusa de permitir torturas a los presos etarras prolongando el tiempo de detención y no atendiendo sus denuncias.[cita requerida]

Carrera política

En 1993, tras varios contactos con miembros relevantes del PSOE como José Bono y Felipe González, Garzón tomó la decisión de abrir un paréntesis en su carrera en la judicatura y adentrarse en la política. Figura así como número dos por Madrid en las listas electorales del PSOE, como independiente, justo detrás de Felipe González, obteniendo escaño.[17]

Al constituirse el ejecutivo, fue nombrado delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas, con rango de secretario de Estado, dentro del recién fusionado Ministerio de Justicia, e Interior, con Juan Alberto Belloch como ministro. Sin embargo, el 6 de mayo de 1994 anunció su dimisión como delegado del Gobierno y tres días después renunciaba a su escaño.[1] Garzón adujo como motivo "la actitud pasiva del presidente Felipe González respecto a la corrupción".[1] Años después, afirmó que en esa época había considerado positivo y útil desarrollar una carrera política, pero que sin duda se equivocó, ya que pecó "de soberbia creyendo que yo podía hacer algo".[1]

Libros

En el año 2002 publicó su primer libro Cuento de Navidad: es posible un mundo diferente. Es una obra que reúne el pensamiento de Baltasar Garzón acerca de los Derechos Humanos, la Justicia Universal y la Corte Penal Internacional, el terrorismo, los fundamentalismos religiosos, la inmigración, y los Derechos de los Pueblos Indígenas.

En febrero de 2005 publicó su segundo libro, Un mundo sin miedo, en el que cuenta a modo de reflexión o bien como cartas dirigidas a sus tres hijos, Aurora, Baltasar y María, los puntos más destacables y polémicos de sus diecisiete años como juez de lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y la impunidad. Expresa también su opinión acerca de temas de actualidad y revela datos (tanto de relevancia nacional como internacional) poco conocidos hasta entonces.

El 24 de febrero de 2006 presentó su tercer libro, La lucha contra el terrorismo y sus límites.

Su última obra es La línea del horizonte, donde reflexiona de forma muy personal sobre la impunidad y el olvido de determinadas injusticias y atrocidades, los fenómenos migratorios, la educación en un mundo globalizado, y otras cuestiones; con una mirada crítica, comparativa y visión de futuro.

Ha colaborado con un artículo en el libro de 2011, Reacciona, coordinado por la periodista Rosa María Artal, y que pretende alertar de la crisis política que recorre la sociedades en la actualmente y en particular la sociedad española y de la necesidad de respuesta social a la corrupción, a los poderes financieros y económicos y a los poderes políticos, alejados cada vez más de la ciudadanía.[70]

Obras sobre Garzón

Aparte de las anteriores, hay otra obra destacable acerca de Garzón, cuya autora es la conocida periodista Pilar Urbano, titulada Garzón: El hombre que veía amanecer. Se trata de una biografía autorizada que algunos sectores tacharon de hagiografía,[cita requerida] pero que publicaba datos acerca de la vida e ideología del juez. Este libro fue motivo de polémica al existir una supuesta responsabilidad del juez en la revelación de secretos sumariales. Este hecho supuso la incoación de un expediente disciplinario por parte del Consejo General del Poder Judicial el 13 de febrero de 2001, para averiguar si el magistrado había incurrido en una falta muy grave por revelación de secretos, y que finalmente fue archivado por decisión unánime de la Comisión Disciplinaria de este consejo, atendiendo a los informes del instructor y del fiscal, al no considerar probado que revelara secretos.[71]

En las memorias de José Amedo se hace un retrato muy vívido del personaje y de las circunstancias que rodearon la segunda instrucción del caso GAL.

En la película GAL, el actor Pedro Mari Sánchez interpreta al juez Serna, cuyo personaje está basado en el juez Garzón, ya que el director de la película, Miguel Courtois, consideró no mencionar de forma explícita al personaje real.

En 2010, Isabel Coixet filmó el documental Escuchando al juez Garzón.[72]

Véase también

Referencias

  1. a b c d EFE (13 de agosto de 2007). Yahoo! Noticias (ed.): «Baltasar Garzón. Biografía». Consultado el 16 de abril de 2010.
  2. Ideal.es (ed.): «El magistrado Baltasar Garzón, nombrado Doctor 'Honoris Causa' de la UJA» (22 de octubre de 2008). Consultado el 16 de abril de 2010.
  3. Canarias7.es (ed.): «Baltasar Garzón recibe su primer Doctorado Honoris Causa en España» (9 de abril de 2009). Consultado el 16 de abril de 2010.
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20 minutos La versión original del artículo, o parte de él, procede de 20 minutos, que edita bajo licencia cc-by-2.1-es. Consúltense las restricciones de uso.

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