Represión franquista

Represión franquista

La represión franquista se refiere al largo proceso de violencia física, económica, política y cultural que sufrieron durante la Guerra Civil Española los partidarios del bando republicano en la zona nacional, y durante la posguerra y el Régimen de Franco los perdedores de la Guerra Civil -los republicanos-, quienes les apoyaban o podían apoyarles, los que eran denunciados como antifranquistas -lo fueran o no-, así como posteriormente los miembros de organizaciones políticas, sindicales y en general quienes no estaba de acuerdo con la existencia de la dictadura franquista, manifestaban su oposición al mismo y quienes constituían o podían constituir un peligro para el mismo.

En la historiografía no española, la represión franquista se suele denominar terror blanco (white terror en inglés, terreur blanche en francés).[1] [2] [3] [4]

El periodo álgido de represión y violación de los derechos humanos (que corresponde al llamado "terror blanco") empezó con el alzamiento militar de julio de 1936 y se considera que terminó en 1945, cuando la Segunda Guerra Mundial puso fin a las dictaduras de Hitler y Musolini, principales apoyos del régimen franquista. A partir de 1945, año de la promulgación del Fuero de los Españoles, se suele hablar de represión franquista, una represión que se aplicó durante toda la dictadura hasta el fallecimiento de Francisco Franco en noviembre de 1975.[5]

Contenido

Tipos de represión

La dictadura franquista recurrió a lo largo de toda su existencia, hasta 1976, a los métodos represivos propios de todo régimen no democrático. La no observancia de estas prohibiciones conllevaba penas de cárcel, sanciones y multas, así como violencia física en la primera fase represiva del Régimen. La represión ejercida por el franquismo se extendió a toda la sociedad y puede clasificarse del siguiente modo:

La represión violenta y física

Véanse también: Víctimas de la Guerra Civil Española#Represión en la posguerra, Desaparecidos del franquismo, Categoría:Ejecutados víctimas de la represión durante la dictadura franquista y Categoría:Víctimas de la represión en la zona franquista

Incluye los ajusticiamientos "legales", en cumplimiento de sentencias dictadas por tribunales militares durante el periodo de la guerra civil, los asesinatos ilegales, las llamadas sacas, practicadas al margen de las autoridades militares, pero con el pleno conocimiento de que se estaban llevando a cabo. Las "sacas" fueron especialmente intensas durante los meses de julio y agosto de 1936. Dentro del ámbito de la represión física también se incluye el encarcelamiento y cualquier pena de privación de libertad. La represión violenta y física ejercida por el régimen continuó después del fin de la contienda, en periodo de paz, y se prolongó hasta los años 1970, adoptando métodos no tan masivos y más ajustados a la legalidad establecida por el sistema judicial vigente en aquel periodo. Las desapariciones forzosas siguieron produciéndose hasta después de la Segunda Guerra Mundial.[6] [7] [8]

Balance

Muchas de las víctimas fueron enterradas en fosas comunes repartidas por toda España, a menudo fuera de los cementerios y diseminadas por el campo, y sin que su muerte fuese inscrita en los registros civiles. Desde principios de los años 2000, diversas asociaciones de víctimas del franquismo como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica se han encargado de localizar estas fosas para identificar los restos de los ajusticiados y entregarles a sus familiares para que pudieran darles una sepultura digna. La ley de memoria histórica, aprobada en diciembre de 2007, pretende hacer efectivos los nuevos derechos reconocidos a las víctimas del franquismo para equipararles a las víctimas del otro bando, y ha establecido un mapa de fosas y víctimas, en constante actualización.[9]

Según el historiador británico Antony Beevor, el número total de víctimas de la represión franquista podría acercarse a 200.000, teniendo en cuenta que en varias provincias el recuento aún no había sido efectuado en 2005.[10]

Según el historiador británico Hugh Thomas, el balance de la represión llevada a cabo por los nacionales se cifraría en 75.000 muertos durante la guerra, de los que dos tercios corresponderían a los primeros meses del conflicto (incluyendo las ejecuciones en los campos de concentración, las ordenadas por los tribunales después de 1936 y los muertos en el frente).[11] Estas cifras alcanzarían 100.000 muertos si se incluyen los represaliados por los nacionales en los territorios conquistados.[11]

Diversas estimaciones presentan cifras en torno a 150.000 víctimas[12] , algunas apuntando hasta 400.000 muertos,[13] [14] según el periodo considerado y la inclusión o no de las víctimas muertas en campos de concentración. El historiador francés Guy Hermet subraya que las masacres se prolongaron más tiempo bajo el gobierno franquista, siendo éste menos amenazado que el gobierno republicano. En cuanto a los cientos de miles de presos internados en campos de concentración franquistas, 192.000 habrían sido fusilados, a veces varios años después del fin de la contienda, con picos de varios centenares de ejecuciones al día en algunos periodos de 1939 y 1940.[15]

La represión administrativa

Practicada con todos los funcionarios del Estado Republicano, tanto en las instituciones Centrales, como en diputaciones y municipios, llevada a cabo mediante un proceso de purga conocido con el nombre de depuración. Los funcionarios eran castigados con sanciones que iban desde el encarcelamiento, el traslado forzoso, la suspensión de empleo y sueldo, la inhabilitación y la separación.[16] Para la obtención de una plaza, se daba prioridad a los leales al Movimiento Nacional, y se exigía la presentación de "certificados de buena conducta" expedidos por el jefe local de FET y de las JONS y el cura de la parroquia.[17]

Miles de oficiales que habían servido la República fueron expulsados del ejército.[18]

La represión educativa

La represión administrativa practicada en el Sistema Educativo fue especialmente intensa, tanto en la enseñanza primaria y secundaria como en las universidades. Instituciones pioneras de educación superior y de investigación como la Residencia de Estudiantes de Madrid fueron desmanteladas por ser consideradas subversivas, y los contenidos educativos fueron revisados para ajustarse a los estrictos criterios políticos, religiosos y culturales del Régimen, en todos los niveles de la enseñanza.[19] [16] La cuarta parte de los maestros y profesores de España fueron expulsado de la enseñanza.[20] Ya ha sido estudiada en el caso del Magisterio Nacional, con diversas investigaciones de ámbito nacional y local. El Cuerpo de Funcionarios y Telégrafos también ha sido objeto de estudio e investigación, asi como diversos ayuntamientos.

En los casos de personas afectadas por las depuraciones políticas tanto en el ámbito laboral como en las administraciones públicas, éstas se vieron privadas de su derecho a percibir una jubilación.

La represión religiosa

La religión católica fue instaurada religión oficial del Estado, y su doctrina declarada fuente de inspiración de la legislación.[21] [22] Las demás religiones quedaron limitadas al ámbito privado y se prohibieron sus manifestaciones públicas. No obstante, en 1967 fue reformada la ley para incluir en su articulado la libertad religiosa, prohibiendo las manifestaciones externas de toda religión que no fuese católica, y reafirmando la protección oficial que el Estado brindaba a esta última.[23] Los lazos privilegiados entre el Estado y la Iglesia católica llevaron a que se hablase de nacional catolicismo.[24]

La represión lingüística

Implicaba la prohibición o ridiculización de las lenguas de España diferentes del castellano, única lengua reconocida políticamente.[25]

La represión económica

La represión económica fue practicada mediante multas económicas (pago de cantidades fijas), incautaciones totales o parciales de bienes y embargos de cuentas bancarias, decididas por la Comisión Central de Bienes Incautados por el Estado y por comisiones provinciales de incautación. Se aplicó en virtud de un decreto aprobado el 10 de enero de 1937, en particular su artículos 6 y 8 que sancionaban económicamente a "los responsables de daños o perjuicios causados a España". El 9 de febrero de 1939, la Ley de Responsabilidades Políticas amplió ese decreto para "liquidar las culpas contraídas por quienes contribuyeron con actos u omisiones graves a forjar la subversión roja, a mantenerla viva durante más de dos años y a entorpecer el triunfo del Movimiento Nacional". El artículo 10 imponía sanciones económicas a todos los condenados por tribunales militares. Estas sanciones se aplicaban incluso tras el fallecimiento del condenado. Las incautaciones se realizaban a particulares, partidos políticos, asociaciones, firmas comerciales.[26]

Esta ley se aplicaba no sólo a todos los opositores al régimen sino también a los que habían servido civil y militarmente bajo la Segunda República. Vulneraba la irretroactividad penal, castigando ideas y actos anteriores al levantamiento franquista, y por lo tanto legales cuando se realizaron.[27]

El 13 de abril de 1945, el Ministerio de Justicia publicó un decreto que declaró extinguidos los procedimientos de Responsabilidades Civiles y Políticas y los tribunales creados para su aplicación, al considerar cumplida su misión. Creó la Comisión Liquidadora de Responsabilidades Políticas para resolver los casos pendientes y los recursos presentados contra las sentencias sancionadoras.[26] Buena parte de los recursos fueron sobreseidos o indultados, y los bienes y el dinero incautados fueron devueltos en las decadas posteriores, por un importe equivalente al que tenían en las fechas de incautación, lo que representaba una fuerte devalorización.[27]

La restitución del patrimonio histórico y acumulado de los sindicatos de trabajadores, asociaciones empresariales y sociedades vinculadas a ellos, no se planteó hasta el inicio de la Transición, cuando un Real Decreto Ley de 1976 repartió entre los sindicatos mayoritarios los bienes acumulados por el sindicato vertical, recientemente abolido. La devolución del patrimonio histórico de las organizaciones sindicales no fue contemplada de hecho hasta la aprobación en 1986 de la Ley de Cesión de Bienes del Patrimonio Sindical Acumulado.[28]


La represión laboral

Llevada a cabo en todos los ámbitos productivos, con despidos de puesto de trabajo, inhabilitaciones laborales y profesionales. En el caso de miembros de profesiones liberales, fue llevada a cabo por los propios colegios profesionales, después de su correspondiente depuración.

La represión política

Se prohibieron los partidos políticos, sindicatos, asociaciones y periódicos no afines al régimen. Se anuló la libertad de expresión para opiniones contrarias al gobierno o simplemente discrepantes, y se estableció desde las mismas instancias de gobierno un sistema de censura de todos los medios de comunicación.

La represión cultural

La censura fue aplicada a temas no relacionados directamente con la política: literatura, poesía, canciones, artes plásticas, cine y teatro. Se impuso un modelo cultural definido según los criterios establecidos por el Estado.

Extensión de la represión

La represión franquista se inició en el mismo comienzo la guerra civil, en aquellas provincias donde triunfo rápidamente la conspiración armada contra la República, el llamado Alzamiento, finalizando en la década de los años 70, con la muerte de Francisco Franco.

Notas y referencias

  1. Antony Beevor, La guerra civil española, col. Memoria Crítica, editorial Crítica, Barcelona ISBN 978-84-8432-665-6. Leer reseña en britannica.com [1] (consultado el 23 de julio de 2010)
  2. Stanley G. Payne, A History of Spain and Portugal, Tomo 2 Capítulo 26, 'The Spanish Civil War of 1936-1939'[2] (consultado el 23 de julio de 2010)
  3. Guy Hermet, La Guerre d'Espagne, Seuil, 1989
  4. Pierre Broué y Émile Témime, La Révolution et la guerre d'Espagne, Ediciones de Minuit, 1961, (reedición en 1996)
  5. Stanley G. Payne, El régimen de Franco 1936–1975, Alianza Editorial, Madrid, 1987, ISBN 84-206-9553-X
  6. BBC, 16/10/2008, La Historia detrás de la decisión, consultado el 26/06/2011.
  7. La ONU insta a España a juzgar el franquismo, 17/09/2010 lavozdeasturias. Consultado el 26/06/2011.
  8. Urgente ratificar Convención sobre desapariciones forzadas: CICR y AI, publimetro 30-08-2010. Consultado el 26/06/2011.
  9. [3]
  10. Antony Beevor, La Guerre d'Espagne, Calmann-Lévy, 2006, págs. 180-181, ISBN 2702137199
  11. a b Hugh Thomas, La guerre d'Espagne, Robert Laffont, 2009, págs.209 y 711.
  12. CASANOVA, Julían; ESPINOSA, Francisco; MIR, Conxita; Moreno Gómez, Francisco. Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco Editorial Crítica, Barcelona, 2002, pág. 8.
  13. Michael Richards, A Time of Silence: Civil War and the Culture of Repression in Franco's Spain, 1936-1945, Cambridge University Press, 1998, pág.11.
  14. Gabriel Jackson, La república española y la guerra civil RBA., 2005, Barcelona. pág.466.
  15. Guy Hermet, La Guerre d'Espagne, Seuil, 1989, pág. 180.
  16. a b La depuración de la educación española durante el franquismo (1936-1975). Institucionalización de una represión, por Carlos de Pablo Lobo, en Foro de Educación, nº9, 2007, págs. 203-228, ISSN 1698-779.
  17. Paul Preston, The Spanish Civil War. Reaction, revolution & revenge, Harper Perennial, London, 2006, pág. 312.
  18. Javier Tusell, La dictadura de Franco, Ediciones Altaya, Madrid, 1996, pág. 174
  19. La destrucción de la ciencia en España: depuración universitaria en el franquismo, por Luis E. Otero Carvajal, Editorial Complutense, Madrid, 2006, ISBN-10 84-7491-808-1, ISBN-13 978-84-7491-808-3
  20. Helen Graham, The Spanish Civil War. A Very Short Introduction Oxford University Press, 2005, pág. 132.
  21. Según el artículo 6 del Fuero de los Españoles de 1945, texto original de 1945 [4].
  22. Art. 2 de la Ley de Principios del Movimiento Nacional [5] de 1958: La Nación española considera como timbre de honor el acatamiento a la Ley de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, única verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional, que inspirará su legislación.
  23. Artº 6 del Fuero de los españoles, texto reformado en 1967[6].
  24. El Nacional Catolicismo (España), por Stanley G. Payne en artehistoria.jcyl.es.
  25. Paul Preston, The Spanish Civil War. Reaction, revolution & revenge, Harper Perennial, London, 2006, pág. 225.
  26. a b Fondos documentales sobre la Guerra Civil y Postguerra española conservados en el archivo del ministerio de Justicia, Ana María Fernández Hidalgo, María José Remón Ripalda, Boletín de la ANABAD (Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas) XXXIX (1989), núms. 3-4. En dialnet.unirioja.es.
  27. a b La represión en la provincia de Segovia en los orígenes del régimen de Franco - La represión económica y administrativa, por Santiago Vega Sombría (Universidad Complutense, Madrid), revista Hispania Nova, nº 4, 2004
  28. [http:dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=229725&orden=0 El patrimonio sindical acumulado], por Francisco Javier Magaña Balanza y Sara Rico Letosa, Universidad de Zaragoza, en dialnet.unirioja.es. Acceso 16-09-2011.

Bibliografía

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Véase también

Enlaces externos


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